Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo presenta informe anual sobre personas privadas de libertad 

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La Defensoría del Pueblo, en su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), dio a conocer su primer Informe Anual correspondiente a la gestión 2022, donde presenta un análisis exhaustivo sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país. Este informe se enmarca en la búsqueda de prevenir actos de tortura y malos tratos, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia en este ámbito.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, resaltó la importancia de este documento como herramienta crucial en la lucha contra la tortura y los abusos. El informe aborda diversas problemáticas, entre ellas el hacinamiento carcelario, el cierre de la cárcel de San Pedro, jornadas de descongestionamiento carcelario y el uso excesivo de la detención preventiva. 

Pedro Callisaya afirmó que la presentación del informe es un paso más en el proceso de sensibilización y compromiso conjunto del Estado boliviano para prevenir actos de tortura que menoscaben la dignidad humana. Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en el salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), estuvieron presentes diversas autoridades y representantes de organizaciones civiles.

El informe resalta el incremento en la población penitenciaria entre marzo y diciembre de 2022, que pasó de 20,002 a 24,824 personas privadas de libertad. Además, señala que el 66.19% de estas personas están bajo detención preventiva, mientras que el 33.81% tiene sentencia. Callisaya subrayó la necesidad de reconsiderar el uso de la detención preventiva como una medida que no solo garantice el proceso, sino que evite convertirse en una sanción anticipada.

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Defensoría del Pueblo inicia el proyecto “Defensor Estudiantil”

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La Defensoría del Pueblo inició el proyecto piloto “Defensor Estudiantil”, con la participación de 104 escolares elegidos, quienes trabajarán en la promoción y difusión de los derechos humanos para prevenir la violencia en 53 unidades educativas en todo el país. Este proyecto es llevado a cabo en colaboración con la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y el Comité Plurinacional de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de fomentar la participación de la niñez y la adolescencia en la prevención de la violencia, alejándose de una perspectiva adultocéntrica.

Los defensores estudiantiles, conformados por 55 mujeres y 49 varones, llevarán a cabo acciones en los nueve departamentos y las principales ciudades de Bolivia. El objetivo principal del programa es crear una cultura de paz y respeto dentro de la comunidad educativa, donde los defensores brindarán información, orientación y coordinarán acciones para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Los escolares seleccionados fueron capacitados en derechos humanos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en la Ley 548, que incluye rutas críticas para la atención de casos de violencia entre pares. Su elección se llevó a cabo mediante un proceso democrático en los gobiernos estudiantiles.

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Edgar Salazar y la APDHB llaman al diálogo a Amparo Carvajal

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Edgar Salazar, actual presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, hizo llegar una carta a la Defensoría del Pueblo manifestando su aceptación para asistir a un diálogo con Amparo Carvajal para poder resolver el conflicto orgánico de esa institución.

“En nuestra calidad de Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, aceptamos la iniciativa Defensorial de mediar en el diálogo con la señora Amparo Carvajal con miras a resolver el problema orgánico interno que enfrenta esta venerable institución”.

Salazar señala en la carta que no fue notificado sobre la acción de libertad interpuesta por Carvajal, pues se encontraba en la ciudad de Sucre desde el 7 julio.

Por su parte, la APDHB publicó un comunicado en el que sostiene que nunca se cerró al diálogo y exhorta a Amparo Carvajal a encontrar una solución acudiendo a entidades neutrales como la Defensoría.

En este documento se lee:

“La sentencia de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz no otorgó tutela de la Acción de Amparo constitucional, porque no evidenció que su libertad esté amenazada o restringida. ¿Cómo pretende ejercer libertad en la Asamblea si entró a ella por el muro y no acepta que fue relevada de su cargo por decisión democrática de un congreso nacional?”, reza el texto.

El comunicado también condena la actitud de los seguidores de Carvajal, quienes quisieron ingresar al edificio de la APCHB por la fuerza “Actos nada pacíficos”, asimismo, finaliza diciendo que la Asamblea nunca cerró sus puertas a la solución de sus problemas internos y exhortando a Amparo Carvajal a aceptar el camino del diálogo “a fin de preservar la salud tanto de ella como de la APDHB”.

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