La Defensoría del Pueblo, en su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), dio a conocer su primer Informe Anual correspondiente a la gestión 2022, donde presenta un análisis exhaustivo sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país. Este informe se enmarca en la búsqueda de prevenir actos de tortura y malos tratos, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia en este ámbito.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, resaltó la importancia de este documento como herramienta crucial en la lucha contra la tortura y los abusos. El informe aborda diversas problemáticas, entre ellas el hacinamiento carcelario, el cierre de la cárcel de San Pedro, jornadas de descongestionamiento carcelario y el uso excesivo de la detención preventiva.
Pedro Callisaya afirmó que la presentación del informe es un paso más en el proceso de sensibilización y compromiso conjunto del Estado boliviano para prevenir actos de tortura que menoscaben la dignidad humana. Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en el salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), estuvieron presentes diversas autoridades y representantes de organizaciones civiles.
El informe resalta el incremento en la población penitenciaria entre marzo y diciembre de 2022, que pasó de 20,002 a 24,824 personas privadas de libertad. Además, señala que el 66.19% de estas personas están bajo detención preventiva, mientras que el 33.81% tiene sentencia. Callisaya subrayó la necesidad de reconsiderar el uso de la detención preventiva como una medida que no solo garantice el proceso, sino que evite convertirse en una sanción anticipada.
