En el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, el Gobierno boliviano ha propuesto significativos cambios en la distribución de recursos financieros. Alcaldías y universidades públicas serán beneficiadas con un incremento del 3,9%, alcanzando los Bs 38.749,3 millones, en comparación con los Bs 37.308,4 millones asignados en el PGE 2023.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó que este aumento se sustenta en el crecimiento económico, subrayando que “si la economía no creciera, no generaríamos mayores recursos”. Los gobiernos autónomos municipales lideran con un aumento del 6,9%, mientras que las universidades públicas verán un incremento del 2,6%, elevando su presupuesto a Bs 7.239,3 millones.
Sin embargo, las gobernaciones experimentarán una disminución presupuestaria de Bs 66,1 millones, atribuida a la reducción en los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Montenegro instó a las gobernaciones a diversificar sus fuentes de ingresos y no depender exclusivamente de un único recurso.
El ministro explicó que la merma en los ingresos por hidrocarburos se debe a políticas pasadas que no priorizaron la exploración de nuevos campos para reponer las reservas utilizadas. Montenegro enfatizó la importancia de una política adecuada para evitar dependencias únicas y resaltó que, de haberse gestionado correctamente en el pasado, podrían haberse realizado descubrimientos significativos.
Además, se destinaron Bs 4,9 millones adicionales para los Gobiernos Autónomos Indígenas Originaria Campesina (GAIOC), evidenciando un respaldo financiero para estos entes.
Estos ajustes presupuestarios reflejan la visión del Gobierno boliviano de impulsar el crecimiento económico y la diversificación de recursos, aunque generan un llamado a la reflexión sobre la gestión de ingresos en el pasado y la importancia de estrategias sostenibles para garantizar estabilidad financiera a largo plazo.