Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Gobierno nacional propone ley para reforzar el pago de asistencia familiar y establecer restricciones a deudores

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley con el objetivo de fortalecer los mecanismos para garantizar el pago de la asistencia familiar y establecer restricciones a las personas deudoras. Esta iniciativa busca abordar la desnaturalización del pago de asistencia familiar y asegurar el cumplimiento de las necesidades básicas de los beneficiarios.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, explicó que esta medida se toma en vista de la creciente problemática relacionada con el incumplimiento de la asistencia familiar. En el primer semestre de 2022, se registraron más de 15 mil demandas vinculadas a este tema, y para finales del mismo año, había 860 personas recluidas por no cumplir con sus obligaciones.

Entre las medidas restricciones que se impondrían a los deudores de asistencia familiar se encuentran: restricción de acceso a cargos públicos, retención de sueldos o salarios, suspensión de trámites registrales y notariales, inclusión en evaluaciones crediticias, prohibición de salida del país, iImpedimento para contraer matrimonio. 

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades toma medidas contra la violencia sexual hacia menores

El Gobierno de Bolivia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, se encuentra implementando medidas destinadas a prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Con estas medidas busca garantizar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas de agresiones sexuales. Actualmente, se está trabajando en un instrumento programático de articulación interinstitucional para la prevención, protección y atención integral de las víctimas, con un enfoque en la rehabilitación de las personas afectadas por violencia sexual.

En lo que va del primer semestre de este año, se reportaron 712 denuncias de violación, 1.027 de abuso sexual, 483 de estupro y 98 de acoso sexual en el país. Además, existen 426 procesos judiciales por el delito de violación de infantes, niños, niñas o adolescentes, en los que algunos de los investigados se encuentran en rebeldía.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, para lo cual es fundamental la coordinación entre niveles de gobierno e instituciones del Estado que aborden este problema.