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El 1 de diciembre, los bolivianos elegirán a 26 nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de entre 139 candidatos preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un proceso accidentado por recursos de inconstitucionalidad presentados por candidatos excluidos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó el martes a los comicios y desde este miércoles empezó a correr los plazos de la tercera elección judicial en la historia de Bolivia.

“Este proceso se va a realizar el próximo domingo 1 de diciembre del presente año (…) para elegir a los magistrados del Órgano judicial y del TCP; arrancamos desde este 14 de agosto en este proceso electoral, contando hasta el 1 de diciembre para que de esa manera podamos avanzar en las elecciones judiciales”, explicó el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi.

El fin de semana se cumplirá con una de las primeras actividades del calendario electoral, que es la publicación de la convocatoria y el calendario que regirá hacia la elección y posesión de las nuevas autoridades, el 2 de enero de 2025.

El vocal del TSE Gustavo Ávila informó que, luego del “empadronamiento de los ciudadanos que cumplan 18 años al 1 de diciembre o hayan cambiado de domicilio” se hará la difusión de méritos de los candidatos, que estará a cargo de los nueve tribunales electorales departamentales.

Tahuichi reveló que no apoyó la resolución que convocó a las elecciones judiciales porque considera que las listas de los 139 candidatos debían devolverse al Legislativo para que sean corregidas, porque en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, en el caso del Tribunal Constitucional, no se cumple el requisito de género.

“Yo he sido disidente y categórico en que esas listas sean devueltas a la Asamblea Legislativa para su corrección, tal cual manda el artículo 79 de la Ley 026″, comentó Tahuichi.

Luego de un largo proceso, que inició en febrero, el 5 de agosto la Asamblea Legislativa aprobó las listas de 139 candidatos preseleccionados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras superarse recursos de inconstitucionalidad presentados por candidatos excluidos con el argumento de vulneración de sus derechos.