MInisterio de Justicia

Gobierno nacional propone ley para reforzar el pago de asistencia familiar y establecer restricciones a deudores

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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley con el objetivo de fortalecer los mecanismos para garantizar el pago de la asistencia familiar y establecer restricciones a las personas deudoras. Esta iniciativa busca abordar la desnaturalización del pago de asistencia familiar y asegurar el cumplimiento de las necesidades básicas de los beneficiarios.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, explicó que esta medida se toma en vista de la creciente problemática relacionada con el incumplimiento de la asistencia familiar. En el primer semestre de 2022, se registraron más de 15 mil demandas vinculadas a este tema, y para finales del mismo año, había 860 personas recluidas por no cumplir con sus obligaciones.

Entre las medidas restricciones que se impondrían a los deudores de asistencia familiar se encuentran: restricción de acceso a cargos públicos, retención de sueldos o salarios, suspensión de trámites registrales y notariales, inclusión en evaluaciones crediticias, prohibición de salida del país, iImpedimento para contraer matrimonio. 

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Se firman acuerdos internacionales para luchar contra la trata y tráfico de personas

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El viceministro de Justicia, César Siles, informó que en Bolivia los casos de trata y tráfico de personas subieron de 463 a 551 denuncias entre 2017 y 2022, por lo que el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas decidió firmar acuerdos con Perú, Argentina y Paraguay para luchar en conjunto contra este delito.

Mientras tanto, se espera firmar acuerdos también con Brasil, España, Panamá y Venezuela, países que podrían formar parte de redes de trata y tráfico. Según Siles, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que Bolivia a nivel sudamericano se constituye en el primer país de origen del delito de trata, un dato alarmante que merece atención.

Por tratarse de un delito internacional, los acuerdos son de gran importancia para combatir las redes de trata y tráfico, las mismas que buscan distintos fines:

“Los fines de la trata son diversos, ya no solamente se habla de explotación sexual y laboral, se habla de tráfico de órganos, de esclavitud y de otros”, alertó Siles.

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Iván Lima explicó claramente que el nuevo nombramiento de Del Castillo está en el marco de la ley

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El ministro de justicia, Iván Lima, sobre la posesión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno, informó: “Se cumplió lo que dice la Constitución y el presidente (Luis Arce) actuó estrictamente en el marco de la ley (…) Hemos hecho lo que se hace en una democracia, es un acto enmarcado en la Constitución”, manifestó.

La posesión se llevó a cabo luego de que Del Castillo fuera censurado en una interpelación en la que se aliaron legisladores afines al expresidente Evo Morales y de los partidos opositores Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Eduardo Del Castillo fue nuevamente investido como ministro de Gobierno, respaldado por el apoyo social y político.

Durante la ceremonia protocolar en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce manifestó: “Hemos actuado con la Constitución en la mano, el presidente Luis Arce ha ejercido la atribución del artículo 158 y 172 de conformar su equipo de ministros conforme señala nuestra Constitución y hemos sido ido estrictamente apegados al contenido de la Constitución“.

Luego de que el presidente volviera a designar en su cargo al ministro, surgieron cuestionamientos sobre si este infringió la ley 1350, a lo que Lima respondió:

“Aquellas personas que señalan que se actuó en contra de la ley se refieren a la Ley 1350, norma que fue promulgada por Eva Copa, que regulaba la institución de la censura, pero que fue declarada inconstitucional en su núcleo normativo. ¿Por quién fue declarada inconstitucional esta Ley 1350 que impedía al presidente del Estado nombrar en el mismo cargo, o en otro, por tres años a un ministro de Estado (censurado)? Por nuestro Tribunal Constitucional en abril de este año“, explicación con la cual se da por zanjado el asunto.

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