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Exdirigente del Trópico denuncia persecusión y amenazas de parte de Evo y pide garantías

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Gregorio Mamani, exdirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y uno de los fundadores del Instrumento Político MAS-IPSP, denuncia que muchos de sus compañeros fueron expulsados y sufrieron amenazas de parte de personas afines al expresidente Evo Morales.

“Queremos denunciar que hay persecución a varios dirigentes y líderes en el Trópico. Muchos dirigentes que han luchado aquellos tiempos y actualmente son dirigentes que dicen la verdad a sus bases. Esos dirigentes están siendo expulsados, desconocidos, amenazados (…) todos estos dirigentes necesitan garantías”, indicó a Urgente.bo.

Mencionó que incluso se ha identificado como enemigos de Evo Morales a aquellos dirigentes que debaten y cuestionan desde las bases.

Según Mamani, estas amenazas surgieron hace aproximadamente tres años, cuando asumieron nuevos dirigentes y hubo pugnas de poder.  

“No se podía elegir libremente a los postulantes o ganar como ejecutivo a nivel nacional. Las amenazas y expulsiones en el trópico se ven del entorno de Evo. Los dirigentes que se han sacado fotos con Luis Arce son identificados”, añadió.

El exdirigente sostuvo que los representantes del Trópico asistirán al congreso del MAS en El Alto para  buscar la unidad.

Fuente: Urgente.bo

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Defensa del Consumidor investiga 350 denuncias por irregularidades en compra de material escolar

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El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor ha recibido un total de 350 denuncias relacionadas con irregularidades en la compra de material escolar, apenas una semana después del inicio del nuevo año lectivo. Según informó el viceministro Jorge Silva, estas denuncias provienen de la Asociación Nacional de Padres de Familia y apuntan a un direccionamiento en la exigencia de compra de materiales específicos de determinadas tiendas o empresas.

El direccionamiento en la compra de material escolar estaría limitando la libertad de elección de las familias, obligándolas a adquirir los insumos únicamente de ciertas empresas o lugares específicos. Silva enfatizó que los padres deben tener la libertad de decidir dónde y cómo comprar los materiales necesarios para sus hijos, buscando opciones que sean accesibles para ellos.

Ante esta situación, Defensa del Consumidor ha iniciado una investigación para verificar la veracidad de estas denuncias. En caso de confirmarse estas prácticas, se solicitará la intervención del Ministerio de Educación para abordar estos casos y garantizar el respeto de los derechos de los padres de familia.

Cabe destacar que, además de la libertad en la elección de materiales, el Ministerio de Educación ha señalado que los estudiantes no pueden ser obligados al uso de uniformes específicos. El inicio de clases en el país se dio el pasado lunes 5 de febrero, con una duración prevista de 200 días hábiles para el año escolar.

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Se reavivan las denuncias por estupro contra Evo Morales

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Paola Barriga, abogada conocida por su participación en la defensa de casos de feminicidio y violencia contra la mujer, puso de nuevo la atención en la denuncia que inició contra Evo Morales por la supuesta violación de menores de edad durante sus visitas a áreas rurales.

Esta denuncia está sustentada por el testimonio de la madre de una niña, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, quien contó que durante las visitas de Evo Morales y su círculo a áreas rurales las mamás eran obligadas por las comunidades a llevar a sus hijas, de entre 12 y 15 años: “El grupo de Morales llegaba a realizar actos oficiales y las mamás estaban obligadas a llevar a sus hijas”, señaló Barriga.

Es durante una de estas reuniones, que la hija de la denunciante habría sido víctima de violación. Luego de conocerse esta denuncia, la abogada informó que recibió la llamada de otras madres, cuyas hijas también habrían sido vejadas por Morales y su círculo.

La abogada también especificó que no se trataría de un hecho aislado, pues está comprobado que Morales sostuvo, en varias ocasiones, relaciones con menores de edad con las que, incluso, tuvo hijos. Ese es el caso de Gabriela Zapata, con quien inició una relación siendo ella menor de edad, o su actual pareja, Noemí Meneses.

Por su relación con Meneses, el exviceministro de Transparencia, Guido Melgar, presentó una denuncia por estupro y trata y tráfico: “El Ministerio de Justicia ha presentado una denuncia contra el ciudadano Juan Evo Morales Ayma por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas, en virtud a las imágenes de audios que han salido de esta señorita Noemí Meneses”, informó Melgar en 2020.

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La Línea de Verificación Anticorrupción recibió 20 denuncias desde el 3 de julio

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La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó hoy que en tan solo una semana de funcionamiento de la Línea de Verificación Anticorrupción (VEA), se recibieron un total de 20 denuncias, de las cuales cinco están relacionadas con presuntos cobros irregulares.

Ríos explicó que estas denuncias abarcan diferentes aspectos, siendo cinco de ellas referentes a situaciones para las cuales la línea ha sido diseñada, es decir, denuncias de posibles cobros indebidos en trámites, procesos de contratación u otros de naturaleza similar. Estas denuncias se encuentran actualmente en proceso de investigación.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha puesto a disposición del sector empresarial la Línea de Verificación Anticorrupción (VEA) con el número 725-36004, a fin de recibir denuncias por cobros indebidos en procesos de contratación pública. Esta línea, que comenzó a operar desde el 3 de julio, se encuentra disponible a través de las plataformas de WhatsApp y Telegram.

Los denunciantes tienen la posibilidad de adjuntar grabaciones, videos, documentación u otra información relevante a través de la línea VEA. Además, esta línea se suma a las modalidades escrita, verbal y en línea existentes para la recepción de denuncias.

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Viceministro desmiente denuncias de Morales sobre narcotráfico

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El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en conferencia de prensa, desmintió la denuncia de Evo Morales sobre un supuesto envío de 17 toneladas de droga a España con aval de autoridades bolivianas. “Sobre la nota de Europol, en ninguna parte menciona que las 17 toneladas de cocaína salieron de Bolivia. La investigación se inició en Brasil, después que la policía federal de Brasil recibiera información de inteligencia de la Aduana alemana sobre una incautación, en diciembre de 2020, de 316 kilos de cocaína en Hamburgo, Alemania“, aclaró el viceministro.

Según Mamani, el informe habla acerca de una ruta de la droga en Latinoamérica, la misma que incluye a Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, sin embargo, no especifica que nuestro territorio sea productor y distribuidor, sino una ruta de tránsito. La ruta de la cocaína mencionada en el informe iniciaría en Perú, pasaría por Bolivia y llegaría a Uruguay y Paraguay. También especificó que los países que figuran como centros productores en el informe son Perú y Colombia.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ante las denuncias de Evo Morales, pidió no politizar los temas relacionados con el narcotráfico:

“No podemos permitir que este tema se politice. Este tema no puede ser utilizado para poner en riesgo la seguridad. No podemos caer en intentos internos de desestabilización”, dijo Ríos.

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La Comisión de la Conferencia Episcopal en Bolivia en el 2019: ¿Por qué no se tomaron medidas en cuanto a las demandas de abuso sexual?

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En el año 2019, la Comisión de la Conferencia Episcopal en Bolivia se enfrentó a serias acusaciones de abuso sexual por parte de varios miembros del clero. Estas denuncias despertaron una gran preocupación en la sociedad y generaron expectativas sobre la forma en que la Iglesia abordaría estos casos y garantizaría la justicia para las víctimas. Sin embargo, lamentablemente, poco o nada se hizo en cuanto a las demandas de abuso sexual, dejando a muchos con un sentimiento de decepción y falta de confianza.

Las denuncias de abuso sexual contra miembros del clero sacudieron la Iglesia en Bolivia y pusieron a prueba su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La Comisión de la Conferencia Episcopal fue designada para investigar los casos y tomar medidas adecuadas en respuesta a las denuncias. Sin embargo, en lugar de abordar enérgicamente estas acusaciones y garantizar una respuesta justa, la Comisión pareció mostrar una falta de voluntad para abordar el problema de manera efectiva.

Una de las principales razones detrás de la inacción de la Comisión fue la falta de transparencia y apertura en el manejo de los casos de abuso sexual. Las víctimas y sus familias se encontraron con barreras para presentar denuncias y obtener respuestas claras sobre el proceso de investigación. Además, la información sobre los resultados de las investigaciones y las medidas disciplinarias tomadas por la Iglesia fueron escasas o inexistentes. Esta falta de transparencia solo aumentó la desconfianza y la sensación de impunidad en torno a los casos de abuso.

Otro factor que contribuyó a la inacción de la Comisión fue la influencia y el poder de la Iglesia en la sociedad boliviana. La Iglesia Católica ha desempeñado históricamente un papel importante en Bolivia, y su influencia se extiende a varios aspectos de la vida social y política del país. Esta posición privilegiada pudo haber obstaculizado los esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores de abuso sexual y brindar justicia a las víctimas. La falta de independencia de la Comisión y su posible vínculo con los intereses de la Iglesia pueden haber jugado un papel en la falta de acción decisiva.

La inacción de la Comisión de la Conferencia Episcopal en Bolivia en el 2019 frente a las denuncias de abuso sexual dejó un sabor amargo en la sociedad boliviana. Las víctimas y sus familias, así como la opinión pública, esperaban una respuesta contundente y una firme determinación por parte de la Iglesia para abordar estos casos y garantizar la justicia. Sin embargo, la falta de transparencia, la posible influencia de la Iglesia y la falta de acciones concretas contribuyeron a la sensación de impunidad y la ausencia de medidas adecuadas para abordar el abuso sexual.

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