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Suspendidos del plantel: Vélez aparta a cuatro jugadores por denuncia de abuso sexual

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El club argentino Vélez Sarsfield ha tomado la decisión de marginar del primer plantel a cuatro de sus futbolistas, luego de que surgiera una denuncia por presunto abuso sexual en la ciudad de Tucumán. Los jugadores separados son el uruguayo Sebastián Sosa, el paraguayo José Florentín, y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio, todos miembros del equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

La denuncia fue realizada por una periodista deportiva de 24 años, quien reportó un incidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo en un hotel de la capital provincial, donde se encontraba alojado el plantel de Vélez.

En un comunicado oficial, el club informó que, siguiendo el protocolo de actuación en casos de violencia de género, se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional a los jugadores mencionados en la denuncia.

La denunciante relató que fue invitada al lugar por uno de los futbolistas a través de Instagram, y que posteriormente se encontró con los otros tres jugadores. Según su testimonio, tras ingerir algunas bebidas, se sintió mareada y adormecida, momento en el que habría sido víctima de abuso sexual sin su consentimiento.

El comunicado oficial de Vélez reafirmó la disposición del club para colaborar con la investigación judicial y brindar apoyo a la denunciante. Se ha dispuesto que se realicen los exámenes pertinentes y se periten las prendas utilizadas por la víctima esa noche.

El equipo de Vélez Sarsfield se prepara para su próximo encuentro por la décima fecha de la Copa de la Liga argentina, enfrentando a Banfield el próximo lunes. Mientras tanto, el club permanece atento al desarrollo de la situación y reitera su compromiso con la integridad y el respeto hacia todas las personas.

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Admiten denuncia contra alcalde Arias por demolición irregular de bien patrimonial en La Paz

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La Fiscalía Departamental de La Paz ha admitido la denuncia penal presentada contra el alcalde paceño Iván Arias y dos de sus funcionarios por la demolición irregular de un bien patrimonial en la avenida 20 de Octubre y calle Campos, de Sopocachi. La concejal municipal demandante, Yelka Maric, informó sobre esta admisión, señalando que la acción legal se basa en los delitos de daño calificado y destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional.

El caso tomó relevancia recientemente, a pesar de que la demolición del inmueble ocurrió el 22 de mayo de 2022, tras la caída de un muro de contención en enero de este año. La casa, con un diseño chino y catalogada como patrimonio, fue tratada como una “casa cualquiera”, lo que ha generado interrogantes sobre las razones detrás de esta acción. Maric señaló que se han recibido documentos que indican que otros inmuebles patrimoniales también han sido demolidos, abriendo un debate sobre la preservación del patrimonio histórico.

Ante esta situación, se espera que los demandados expliquen ante el Ministerio Público las circunstancias que llevaron a la demolición del bien patrimonial y el trato que se le dio. Esta admisión de la denuncia marca un paso importante en la investigación de este caso y subraya la importancia de proteger y preservar el patrimonio cultural de la ciudad.

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Joven familia escapa del trópico de Cochabamba tras denunciar torturas y abusos

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Una joven pareja y su hijo se encuentran refugiados en un albergue después de haber escapado del trópico de Cochabamba, donde denunciaron abusos por parte del corregidor de la población de San Francisco Km 21, ubicado en el municipio de Villa Tunari.

La pareja había acudido a la autoridad comunitaria en noviembre para resolver un problema y, tras firmar un documento de separación, decidieron seguir con su matrimonio días después. Según su relato, el corregidor les exigió una suma de Bs 13,000 como compensación por los perjuicios ocasionados al cambiar su decisión. Ante la negativa de pagar, la situación empeoró.

Alegan que les quitaron su vehículo y vivienda, siendo luego trasladados a la carceleta local, donde fueron amarrados, golpeados y torturados durante dos días. La pareja logró escapar a la 1 de la mañana y presentó una denuncia en Villa Tunari, pero no recibieron atención.

Tatiana Herrera, directora de Género generacional del Municipio de Cochabamba, confirmó que el Ministerio Público ha recibido la denuncia y está investigando el caso. La pareja, junto con su hijo, busca justicia y protección en la ciudad, tras abandonar su lugar de origen debido a los excesos de las autoridades comunitarias.

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Denuncian que Evo Morales estaría detrás del bloqueo en Senkata, según dirigentes de transportistas

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La convocatoria al bloqueo en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, generó controversia y acusaciones por parte de la dirigencia de la Federación Andina de Chóferes. Según esta entidad, el exmandatario Evo Morales estaría detrás de la medida de presión, calificándola como “política” y acusando a políticos de estar involucrados en la organización del bloqueo.

Los transportistas denuncian que existen pruebas de que Evo Morales tiene reuniones con algunos de los organizadores del bloqueo, y señalan que la convocatoria al bloqueo estaría motivada por intereses políticos y no sociales. Hacen referencia a la entrega de vehículos por parte de figuras políticas como un indicio de que la medida de presión tiene una agenda política detrás.

Luis Paco y Eduardo Quispe, mencionados por los transportistas, son señalados como políticos involucrados en la convocatoria al bloqueo. Los dirigentes alegan que el bloqueo no es representativo de la verdadera necesidad de la población, ya que, según afirman, solo unas pocas personas estarían participando activamente en la medida, estirando una cuerda en la avenida.

Ante estas acusaciones, los transportistas han reiterado su compromiso de continuar trabajando y prestando sus servicios a la población. Aseguran que no están politizando la situación y que su objetivo es atender a las necesidades de los usuarios sin verse afectados por intereses personales.

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Diputada denuncia división y amenaza con “Golpe de Estado” en medio de tensiones políticas

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La diputada del ala “evista” Gladys Quispe generó un profundo revuelo al lanzar fuertes acusaciones contra el presidente Luis Arce, ministros y operadores de su gobierno. En una conferencia de prensa, Quispe denunció públicamente la existencia de una división interna que, según ella, estaría siendo fomentada por la administración actual. Sin embargo, expresó y amenazó con ejecutar un “golpe de estado” en contra del propio presidente Arce.

“Presidente Lucho, si quiere salir por la puerta como ha entrado, reconduzca su gestión”, declaró la diputada Quispe, insinuando una llamada de atención directa al mandatario para que reconsidere la dirección de su gobierno y aborde las tensiones internas que, en su opinión, están debilitando las organizaciones sociales.

Además de sus comentarios sobre el presidente, la diputada Quispe también dirigió críticas hacia ciertos ministros del gobierno. En particular, cuestionó al ministro de justicia, acusándolo de presentar denuncias contra Evo Morales sin suficientes pruebas. Quispe advirtió que si el ministro no fundamenta sus acusaciones sólidamente, podría enfrentar una contrademanda por manipulación de la justicia. 

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Detienen a Arnold Alanes por una denuncia de asistencia familiar

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La mañana de hoy, la Policía Boliviana aprehendió al dirigente cocalero Arnold Alanes tras un mandamiento de apremio emitido por la jueza Metty Mamani por una denuncia de asistencia familiar presentada por su expareja. Alanes es conocido por su liderazgo en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en La Paz y por su defensa del mercado “paralelo” de coca en Villa El Carmen.

Alanes estuvo involucrado en enfrentamientos anteriores, como la defensa del edificio de Adepcoca en septiembre de 2022 contra un grupo afín al dirigente César Apaza, quien actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por los destrozos causados por sus seguidores. Actualmente, pese a sus problemas de salud se amplió por tres meses la detención de Apaza, quien cumple seis meses de la medida cautelar el 3 de agosto de este año.

En cuanto a Arnold Alanes, este fue trasladado al penal de San Pedro en la ciudad de La Paz.

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Suspenden a subalcalde denunciado por acoso sexual

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Luego de que se viralizara un supuesto audio en el que el subalcalde de San Antonio, Sergio Roca, solicitara favores sexuales a una mujer a cambio de una oportunidad laboral, este fue suspendido de sus funciones por un mes y sin goce de haberes. Roca niega que sea su voz y lo considera un montaje.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que en un mes se tomarán las medidas correspondientes, ya sea ratificar al subalcalde o separarlo definitivamente del cargo. También se posesionó a una nueva autoridad suplente en la Subalcaldía San Antonio y se instó a las funcionarias de la alcaldía a denunciar cualquier caso de acoso sexual ante la Secretaría de Desarrollo Social.

La presidenta del Concejo Municipal, Roxana Pérez, aplaudió la suspensión del subalcalde y exhortó a presentar la denuncia ante el Ministerio Público de acuerdo con la Ley 348, que protege a las víctimas de violencia y acoso.

“Estaré muy, pero muy atenta a este caso y me pongo a disposición de cualquier mujer que se haya visto afectada para apoyarla en cada paso del proceso de prosecución penal”, manifestó Pérez.

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Denuncian que la APDHB era usada como un búnker de CC y Creemos

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Miembros de la APDHB, quienes se encuentran en huelga de hambre apoyando a Édgar Salazar, presidente electo en el último congreso de esa ONG, denunciaron que dentro del edificio de la misma encontraron banderas, gorras y otros elementos de los partidos políticos Comunidad Ciudadana y Creemos.

“Hemos encontrado al interior poleras, banderas, gorras de los partidos políticos; lamentablemente, estas instalaciones eran utilizadas como un búnker donde se reunían los partidos políticos”, informó una de las huelguistas.

Esta es una denuncia grave, pues la APDHB dice ser una organización no gubernamental sin ninguna afiliación política, por cuanto se dedica a defender los derechos humanos en Bolivia. 

La huelguista informó que más personas se sumarán a la huelga contra el amedrentamiento de las personas que apoyan a Amparo Carvajal, quien fue cuestionada por no hacer una defensa igualitaria, además de haber cumplido su periodo en la presidencia de la APDHB en 2018.

“Exigimos el reconocimiento a la directiva porque fue elegida legalmente en un congreso nacional en 2021 donde fue expulsada Amparo Carvajal. Esta persona solo obedece intereses políticos de Comunidad Ciudadana, Creemos y todos los demás activistas políticos”, agregó la entrevistada.

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Denuncian que senador “evista” obstaculiza proyectos por intereses políticos

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Organizaciones sociales de La Paz y El Alto acudieron a las oficinas del presidente de la Comisión de Planificación del Senado, Hilarión Mamani, para pedirle dejar atrás intereses políticos para trabajar en favor de las regiones que demandan obras, pues más de 50 proyectos se encuentran estancados en su despacho.

Esta situación fue denunciada por la diputada Rosario García, quien informó que 50 proyectos de inversión y otros “duermen” desde hace cinco meses sin que se haga nada al respecto, esto por la supuesta intención del senador “evista” de perjudicar la gestión del presidente Luis Arce.

“Esta comisión es la más importante en la Asamblea Legislativa porque maneja leyes de inversión y económicas. Lamentablemente, muchos de los proyectos están trabados por la intransigencia del senador Mamani”, reprochó García.

Bajo presión y demanda de los sectores afectados, Mamani aprobó en su comisión el crédito de $us 45 millones, del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, destinado a la construcción de cuatro puentes de integración: uno en Mapiri, La Paz; otro en Sacambaya, Cochabamba; y dos en Río Seco-Río Seque, en El Alto.

Sin embargo, ante el estancamiento de otros proyectos, organizaciones sociales de La Paz y El Alto anunciaron movilizaciones y otras medidas de presión.

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Influyente pastor evangélico peruano es denunciado por la violación de su propia hija

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En Perú, el autodenominado defensor de la infancia, pastor José Linares, fue denunciado por la violación de su propia hija. En una entrevista para un programa local, la hija de Linares, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo haber sido violada por su padre desde que tenía 8 años, algo que posteriormente también hizo su tío, Robert Linares. Producto de estos abusos, la víctima habría quedado embarazada a los 13 y a los 15 años, dando a luz a dos hijos, de los cuales dice no saber si son hijos de su padre o su tío, por lo que pidió pruebas de ADN.

En una siniestra contradicción con esta denuncia, el pastor, que se manifiesta abiertamente provida y pro familia, constantemente hace declaraciones del tipo: “La doctrina del género es un veneno social”; “la ONU pretende abrir una vía para legalizar la pederastia con la agenda del género”; “quienes exponen a sus hijos deben ser detenidos y juzgados”; “es importante fortalecer a la familia para erradicar cualquier tipo de violencia”; “La agenda pro-abortista busca que nuestra juventud se pudra y se malogre”, etc.

Este escándalo es un duro golpe para las consignas de Linares, quien había alcanzado cierto poder en los círculos religiosos y provida, tanto así que, en 2016, en plena campaña presidencial, Keiko Fujimori firmó un compromiso para evitar la legalización del aborto y el matrimonio igualitario ante la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, de la que este forma parte.

Además de esta terrible denuncia, Linares fue acusado en 2013 por haber violado y embarazado a una menor de edad miembro de la iglesia, y también fue denunciado por los presuntos delitos de coacción (2001 y 2002), violación a la intimidad (2002) y actos contra el pudor (2003). 

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