Asamblea Legislativa Plurinacional

TCP invalida convocatoria de Andrónico Rodríguez y suspende su competencia para llamar a sesión Legislativa

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 El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notificó este jueves la admisión del Recurso Directo de Nulidad presentado por el diputado y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Juan José Jáuregui. La acción legal busca invalidar la convocatoria a una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa realizada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

En su resolución, el TCP advirtió que «será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad» a esta notificación. Asimismo, el tribunal suspendió la competencia del presidente del Senado desde el momento de la notificación con el presente Auto Constitucional, en relación a cualquier actuación emergente de la convocatoria en cuestión.

A media hora de la instalación de la sesión, el TCP notificó oficialmente al accionante Jáuregui y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Esta notificación implica que cualquier acto legislativo derivado de la convocatoria realizada por Rodríguez carecerá de validez legal.

Recurso de Nulidad

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó el miércoles el recurso de nulidad ante el TCP. Según su argumento, «el hecho de que el vicepresidente David Choquehuanca (presidente nato del Legislativo) asuma temporalmente las atribuciones del presidente (Luis Arce) no implica la pérdida de su calidad de Vicepresidente del Estado ni de presidente de la Asamblea». Por lo tanto, Choquehuanca no pierde sus atribuciones inherentes a dichos cargos.

Jáuregui acusa a Rodríguez, asambleísta del bloque evista del oficialismo, de «usurpar funciones que no le competen, así como ejercer potestad que no emane de la Ley». Este conflicto interno en el MAS pone en tela de juicio la legalidad de la convocatoria y las acciones que puedan derivar de la misma, subrayando la tensión y la división dentro del partido gobernante.

Fuente: Pulso Notícias

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Luis Arce responsabiliza a la ALP por paralización de elecciones judiciales

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Luis Arce, señaló a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como responsable del retraso en la realización de las elecciones judiciales, así como de la actual crisis en el Órgano Judicial. Arce enfatizó que la Constitución Política del Estado establece que las elecciones judiciales son un tema de competencia del Legislativo, desvinculando al Gobierno de la demora en este proceso.

Las elecciones judiciales en Bolivia han estado paralizadas desde el primer semestre de este año debido a diversas instancias legales que han anulado la convocatoria y establecido requisitos adicionales para el proceso electoral. El pasado martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió prorrogar los mandatos de las actuales autoridades judiciales hasta que se realicen las elecciones.

Arce, sin hacer referencia directa a la decisión del TCP, reiteró que la Constitución señala las elecciones judiciales como el camino constitucional, aunque expresó escepticismo sobre la capacidad de estas elecciones para resolver los problemas que aquejan a la justicia boliviana. La incertidumbre en torno a las elecciones judiciales continúa siendo un tema central en el debate sobre la crisis judicial en el país.

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FAM exige a la Asamblea aprobar créditos para proyectos de inversión

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La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) manifestó su apoyo a los proyectos sociales y productivos financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dentro del programa “Bolivia Cambia”. En este sentido, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar los créditos externos de inversión para estos proyectos.

Mediante un pronunciamiento público, la FAM destacó el éxito de los proyectos UPRE, con los que se llevaron a cabo más de 5.000 obras a los municipios de Bolivia, con una inversión que supera los Bs 14.000 millones en centros de salud, escuelas, centros deportivos y otras infraestructuras.

Ante esto, la FAM exigió a la Asamblea Legislativa agilizar el tratamiento y la aprobación de los créditos para evitar perjudicar la gestión pública y la reactivación económica del país. El presidente de la FAM-Bolivia, Enrique Leaño, manifestó su preocupación por los créditos pendientes de aprobación y declaró el estado de emergencia, argumentando que no se debe permitir que la reactivación de los municipios se vea afectada por los intereses personales o políticos de algunos parlamentarios, haciendo referencia al “ala evista” de la Asamblea Legislativa.

“Nos declaramos en movilización permanente con el objeto de que todo crédito que sustente la inversión pública y beneficie a los gobiernos autónomos municipales sea rápidamente aprobado por la Asamblea Legislativa, a fin de no perjudicar la gestión pública y la reactivación económica del país”, se lee en el documento.

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Oposición y evistas retrasan aprobación de proyectos de inversión en la Asamblea

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Durante la entrega de obras en distintas localidades del departamento de La Paz, el presidente Luis Arce reiteró a la población el pedido de que esta pida a los asambleístas, de oposición y del ala evista, dejar de obstaculizar distintos proyectos de inversión que se encuentran estancados en la Asamblea.

“Son obras anheladas del pueblo, no son créditos para nosotros ni para el presidente Luis Arce. Hay que lamentar que desde nuestro propio partido algunos diputados retrasan las obras con el pretexto de que no entienden para qué es un crédito de preinversión”, reclamó al respecto la diputada de Santa Cruz, Deisy Choque.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, detalló que un total de $us 327,4 millones en créditos aguardan ser aprobados en la Cámara de Diputados para dar continuidad a proyectos de inversión en el país. Según el oficialismo, al menos ocho departamentos esperan puentes, carreteras, hospitales, sistemas de riego para afrontar la sequía, hidrovía, entre otras obras.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, consideró que de “ser necesario, los sectores sociales pueden presionar para que los legisladores aprueben leyes que son para el desarrollo de sus regiones”. No es lo “óptimo”, porque los parlamentarios “deberían cumplir con la aprobación de leyes”, manifestó.

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Censura a Del Castillo revela alianza entre evistas y oposición

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El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Tarija, Juan José Huanca, alertó que la censura por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, es la evidencia de que existe una “alianza” entre evistas y la derecha.

“Lamentablemente hoy día hemos podido evidenciar una situación muy exclusiva, esta misma situación tiene que ser motivo de valoración para nuestra población, para con las organizaciones, para con los diferentes sectores, nos queremos referir a una alianza”, manifestó Huanca en declaraciones a los medios de comunicación.

Estas declaraciones surgieron luego de que, en una sesión de más de siete horas, el ala evista de la Asamblea votara junto a la oposición para censurar al ministro Eduardo Del Castillo por el caso del uso de autos robados en Chile.

Para algunos analistas y los partidarios de Luis Arce, el que los evistas hayan votado junto a la derecha para censurar al ministro es una confirmación del plan de Evo Morales para ir contra el gobierno de Luis Arce y presentarse como único candidato por el MAS para las elecciones de 2025.

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El ministro de Gobierno enfrentó su cuarta interpelación  

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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, enfrentó su cuarta interpelación en medio de un ambiente tenso y marcado por la antipatía entre los legisladores. En esta ocasión, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría y otorgó el voto de confianza al ministro, a pesar de las fuertes críticas y acusaciones en su contra. El enfoque principal de la interpelación fue la represión policial durante los 36 días de paro en Santa Cruz a fines de 2023. 

Del Castillo se defendió argumentando que la Policía actuó en cumplimiento de su deber, velando por la seguridad de la población y evitando enfrentamientos entre distintos sectores. Presentó al menos tres videos como evidencia y negó rotundamente que se haya reprimido a los bloqueadores que demandaban el censo 2023, asegurando que la Policía protegió a los grupos de choque. 

Sin embargo, los legisladores interpelantes de la oposición, así como otros diputados presentes en la sesión, expresaron su descontento y criticaron duramente al ministro. Hicieron énfasis en tres temas específicos: la lucha contra las drogas, el caso del narcovuelo y la muerte de Carlos Colodro, interventor del Banco Fassil. Algunos diputados incluso solicitaron la censura del ministro debido a su supuesto mal desempeño en estos asuntos. 

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, cuestionó a Del Castillo por su gestión en el control del narcotráfico y citó acusaciones de miembros de su propio partido que lo señalan como encubridor. Roca también mencionó la falta de respuestas en casos como los narcoaudios, el coronel Dávila y el polémico narcovuelo. Por su parte, la diputada Lisa Claros criticó la actitud del ministro y lo acusó de manejar a la Policía según su voluntad, recordando una foto en la que Del Castillo lideraba una protesta y hacía estallar petardos antes de asumir su cargo.

La tensión aumentó durante el intercambio de palabras entre los legisladores y el ministro, pero el vicepresidente Choquehuanca intervino para calmar la situación y evitar una confrontación mayor. Del Castillo optó por no responder directamente a los ataques y se limitó a expresar su intención de recurrir a las instancias correspondientes para evitar la difamación y las falsedades en su contra.

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Diarios de la derecha redoblan ataques contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por censura fallida al ministro de Justicia

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En un claro intento por destituir al ministro de Justicia, Iván Lima, los periódicos de derecha Página Siete y El Deber intensificaron sus ataques contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a que esta no pudo llevar a cabo la censura. Sin embargo, ambos diarios omiten información crucial y violaciones legales en su afán por alejar a Lima del Órgano Ejecutivo.

El diario Página Siete titula su artículo “Opositores salvaron a Lima de la censura con sus ausencias y con el voto de Salame a favor del ministro”. En el texto, se señala que los legisladores de la oposición, conformados por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, evitaron la censura al ministro de Justicia gracias a la ausencia de algunos parlamentarios y al voto de la senadora Silvia Salame, de CC.

Por su parte, el diario cruceño El Deber titula su nota “En interpelación a Lima faltaron 15 opositores; en CC critican a Salame”. En el texto, se destaca que seis votos faltaron para censurar al ministro de Justicia y se critica a la oposición por la ausencia de 15 miembros de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana.

Sin embargo, ambos periódicos omiten información crucial en su cobertura. No informan que existe una sentencia constitucional que establece que un ministro censurado puede seguir en el cargo. Además, no mencionan que la censura y la destitución violan varias normas legales vigentes. Tampoco hacen referencia a que la continuidad de un ministro censurado es una prerrogativa absoluta del presidente.

Es importante destacar que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene la potestad de quitar prerrogativas constitucionales al presidente del Estado Plurinacional, elegido por el pueblo en elecciones democráticas. Tampoco puede imponer penas de inhabilitación. Solo una sentencia ejecutoriada, dictada por el órgano judicial competente, puede impedir a un ciudadano ejercer plenamente sus derechos constitucionales.

El meollo del problema radica en que la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo la dirección de la entonces senadora Eva Copa, aprobó la Ley 1350, en la cual se excedió en sus funciones al otorgarse mayores atribuciones previstas en la Constitución Política del Estado. Esta norma establece que el presidente no puede designar como ministro a alguien que haya sido censurado por la Asamblea en los tres años siguientes a su destitución.

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Bolivia incrementará sus Reservas Internacionales Netas con la Ley del Oro

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El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora busca fortalecer la economía y la liquidez del país a través del incremento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) mediante la aplicación de la Ley del Oro. Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se espera captar entre siete y ocho toneladas de oro anualmente de la producción y exportación de aproximadamente 70 toneladas de oro del país.

La Ley del Oro, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Órgano Ejecutivo, permitirá el fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas y garantizará una mayor liquidez en la economía boliviana. La norma establece que 21 toneladas de oro serán dispuestas, mientras que las restantes 22 toneladas permanecerán como una banda de seguridad y continuarán generando rendimientos e intereses.

El Banco Central de Bolivia (BCB) deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro del RIN, y podrá realizar operaciones en los mercados internacionales para optimizar la liquidez y rendimiento de las mismas. Además, la reglamentación a cargo del BCB establecerá las condiciones y procedimientos para la compra del oro en el mercado interno, incluyendo características amigables con el medio ambiente, calidad, momento de la entrega, fechas de pago y liquidación de la compra, entre otros aspectos.

La ley del oro es una reglamentación necesaria para el manejo de este recurso a nivel de las reservas del Estado, y cuenta con el apoyo del sector minero y cooperativista, así como de los artesanos y orfebres en oro y otros sectores ligados a la producción y comercialización. Las organizaciones sociales también apoyaron el tratamiento, la aprobación y promulgación de la norma.

La aplicación de la Ley del Oro en Bolivia ha sido bien recibida en los mercados internacionales, generando un repunte de los bonos soberanos y mostrando la confianza de los inversores externos en la economía del país. La norma permitirá al país potenciar su economía en torno al oro, una inversión segura y una reserva de la mayoría de los países, especialmente en la actual crisis mundial del dólar.

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