La creciente expansión de Fassil, ha generado preocupación debido a su crecimiento desmesurado y la falta de control sobre sus operaciones. Un análisis detallado revela que este banco encontró apoyo en Jeanine Añez, quien fungió como presidenta de facto, autorizando en dos ocasiones durante el año 2020 el incremento de capital de Fassil, a pesar de que en 2019 se le habían negado dichas solicitudes por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y siguiendo la instrucción del entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien informó de estos hechos al presidente Evo Morales en el mismo año.
Antes del golpe de Estado de noviembre de 2019, tanto la Asfi como el Ministerio de Economía ya habían detectado indicios de irregularidades en las operaciones de Fassil. En ese año, el ministro Luis Arce solicitó a la directora de Asfi en ese entonces, Ivette Espinoza, una revisión exhaustiva de las actividades del banco, la cual demostró que Fassil no estaba gestionando adecuadamente los riesgos financieros, por lo que se le negó el aumento de capital solicitado. Ante esta negativa, Fassil presentó un amparo constitucional contra la Asfi y su directora.
Asimismo, el ministro Arce informó a Evo Morales sobre la situación de Fassil y la negativa de la Asfi a autorizar su crecimiento durante el año 2019. Sin embargo, con el Gobierno de facto de Jeanine Añez, la situación cambió drásticamente a favor de Fassil. Añez no dudó en autorizar el incremento de capital del banco, así como la apertura de nuevas agencias, en enero y agosto de 2020. Esta decisión permitió que Fassil creciera sin restricciones, sin que la Asfi realizara una evaluación adecuada de sus riesgos y capacidad de pago.
No obstante, con el retorno de la democracia en noviembre de 2020 y el nuevo Gobierno encabezado por Luis Arce, Fassil volvió a estar bajo un mayor escrutinio. En repetidas ocasiones, la Asfi instruyó al banco a llevar a cabo procesos de regularización, pero la entidad se negó y respondió con recursos judiciales contra los funcionarios de la Asfi. Esta situación se mantuvo hasta que Fassil entró en cesación de pagos en abril de 2023, lo que finalmente permitió su intervención por parte de la Asfi.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) es una institución de derecho público encargada de regular, controlar y supervisar los servicios financieros en Bolivia. Bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Asfi tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley en el sector financiero y de mercado de valores, así como la protección de los intereses de los usuarios.
