Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado cerca de una veintena de drones procedentes de territorio ucraniano sobre la región rusa de Briansk, han informado las autoridades locales
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Las protestas en Jujuy por la aprobación de una nueva Constitución provincial tuvieron una escalada de violencia hoy en medio de la represión policial que dejó más de una veintena de heridos. Comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales de esa región se levantaron en contra de una reforma constitucional que se aprobó rápidamente y a puertas cerradas.
Activistas por los derechos humanos denunciaron que esta nueva constitución no fue consultada con la ciudadanía e ignora la voz de los pueblos indígenas de la región frente al uso de las tierras que habitan en una zona del país que es centro de la explotación minera y del litio. El derecho a la propiedad privada en la nueva constitución levantó fuertes críticas, pues en esa provincia viven unas 300 comunidades indígenas, muchas de las cuales no cuentan con personería jurídica ni los registros de propiedad de las tierras que habitan desde antes de la fundación del país. La modificación del derecho a propiedad, que incorpora “mecanismos y vías rápidas” de desalojo, considerando una “grave violación al derecho de propiedad, la ocupación no consentida”, deja en desventaja a las comunidades que viven en una zona de gran explotación minera y exploración de yacimientos de litio.
Asimismo, las regulaciones sobre el derecho a la protesta haciendo referencia “a la paz social y la convivencia democrática” fueron muy cuestionadas pues, según los críticos de la constitución, “protestar en Jujuy a partir de hoy será solo posible siguiendo una reglamentación aún por definir”.
La exmandataria Cristina Kirchner se refirió a estas protestas en su cuenta de Twitter:
“Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe”, tuiteó la exmandataria.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la incautación de un importante cargamento de armas de guerra y municiones provenientes de Bolivia, que según las primeras investigaciones, tenían como destino los radicales que impulsan el reinicio de protestas violentas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Entre el arsenal bélico confiscado se encontraban escopetas, rifles con el grabado del escudo boliviano, cacerinas para pistolas, cartuchos y armas neumáticas de corto y largo alcance, así como municiones.
El decomiso se llevó a cabo como parte de una operación coordinada entre las autoridades peruanas y bolivianas, en la que se pudo evitar que estas armas llegaran a manos de grupos que buscan socavar la paz y la estabilidad del país.
La PNP se mantiene en alerta para desarticular cualquier intento de desestabilización y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las investigaciones continúan para determinar los nexos y responsabilidades de los implicados en este preocupante intento de importación de armamento bélico.
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Durante la jornada de hoy en Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump fue arrestado hoy bajo múltiples cargos. Este acontecimiento sin precedentes ha generado una gran conmoción tanto en el país como a nivel internacional, y ha dejado a la nación reflexionando sobre las implicaciones legales y políticas de este momento histórico.
El arresto de Trump se llevó a cabo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras una exhaustiva investigación por parte de las autoridades federales. Aunque los detalles específicos de los cargos no se han revelado oficialmente, se especula que están relacionados con presuntas irregularidades financieras durante su mandato presidencial y posibles obstrucciones a la justicia.
La noticia del arresto se propagó rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, generando reacciones encontradas. Mientras algunos celebran el hecho como un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad, otros consideran que se trata de una persecución política injustificada.
El impacto político de esta situación es innegable. Trump, quien se mantiene como una figura polarizadora, aún cuenta con un gran número de seguidores y defensores leales. Su arresto desencadenará debates intensos sobre el poder y el alcance del sistema judicial, así como sobre la relación entre la política y la justicia en Estados Unidos.
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El Gobierno de Perú ha aprobado la llegada de más de 1.000 militares de Estados Unidos para llevar a cabo entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según las resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, este acuerdo de cooperación permitirá la realización de actividades de entrenamiento en diferentes regiones del país a lo largo de este año.
La primera resolución, aprobada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo, detalla que los militares estadounidenses ingresarán al país con armas de guerra y se desplegarán en distintos grupos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. El primer grupo estará compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU., quienes contarán con un amplio arsenal que incluye fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas.
Estos militares realizarán actividades de entrenamiento en conjunto con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec), las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra. Además, colaborarán con el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Adicionalmente, un equipo de cinco especialistas en asuntos civiles y un planificador de asuntos civiles estadounidense brindarán apoyo y asistencia en operaciones especiales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En otra resolución, el Gobierno peruano autorizó el ingreso de medios aéreos, medios náuticos y personal militar de Estados Unidos para participar en el Ejercicio Militar Internacional “Resolute Sentinel 2023”, con el objetivo de llevar a cabo actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas del país. Estos militares y equipos se desplegarán en distintas fechas, pero deberán retirarse del territorio peruano antes del 29 de agosto de 2023.
Uno de los grupos participantes estará compuesto por 42 miembros de las Fuerzas Especiales, quienes recibirán entrenamiento conjunto con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú.
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Sentencia histórica para el líder de Oath Keepers: Analogía de amenaza a la democracia
En un fallo histórico, Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de extrema derecha Oath Keepers, ha sido condenado a 18 años de prisión por su papel en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. La sentencia impuesta es la más severa hasta la fecha relacionada con este trascendental evento. Rhodes, junto con su lugarteniente Kelly Meggs, quien recibió una condena de 12 años, fue declarado culpable de conspiración sediciosa y de movilizar a simpatizantes de Donald Trump en un intento de impedir violentamente la transición pacífica de poder y mantener ilegalmente a Trump en el cargo.
En un intento desesperado por presentarse como una víctima, Rhodes se comparó a sí mismo con el reconocido disidente soviético Alexandr Solzhenitsin durante su declaración en la audiencia antes de la sentencia. “Soy un preso político y, al igual que el expresidente Donald Trump, mi único delito es oponerme a quienes están destruyendo nuestro país”, afirmó Rhodes. Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente del juez Amit Mehta, quien recalcó: “Usted no es un preso político, está aquí como consecuencia de sus actos. Representa una amenaza continua y un peligro para este país, para la república y para el tejido mismo de nuestra democracia”. El juez Mehta añadió: “En el momento en que sea puesto en libertad, sea cuando sea, estará dispuesto a tomar las armas contra su Gobierno”.
Esta analogía planteada por Rhodes y la respuesta del juez Mehta nos lleva a recordar los hechos sucedidos en Bolivia en el año 2019. Durante aquel período de agitación política en el país sudamericano, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Eduardo León, líderes opositores, ingresaron al Palacio Quemado, la sede del gobierno boliviano, como una acción de protesta. La entrada a dicho edificio por parte de estos líderes políticos fue considerada por muchos como un intento de subvertir la democracia y derrocar al gobierno legítimamente elegido. De manera similar, Rhodes y su grupo de extrema derecha intentaron socavar los pilares fundamentales de la democracia estadounidense al asaltar el Capitolio.
Aunque los contextos son diferentes, tanto en Bolivia como en los Estados Unidos, estas acciones destacan la importancia de proteger la democracia y el imperio de la ley. El uso de la fuerza para imponer la voluntad política y socavar el proceso democrático representa una amenaza directa a la estabilidad y la confianza en los sistemas de gobierno.
La condena de Rhodes y Meggs envía un claro mensaje de que las acciones sediciosas y antidemocráticas no serán toleradas. Es un recordatorio para todos aquellos que intenten socavar la paz y el orden en sus respectivas naciones de que enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. En un mundo donde los valores democráticos son fundamentales, estos casos ejemplifican la necesidad de proteger las instituciones democráticas
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